Persecución política
El ex director del Hospital de la Policía en Quito, coronel César Carrión, un hombre con toda una carrera profesional y de servicio, hoy está preso y acusado de complicidad en un intento de asesinato, por orden del Presidente de la República, solo porque contestó a las preguntas de la prensa internacional sobre el 30 de septiembre tratando de apegarse a cómo interpretó él los acontecimientos de ese día. Es un atropello no solo a la libertad de expresión sino a la dignidad de un ser humano y su familia.
Días antes, la Ministra Coordinadora de la Política había dicho lo mismo –palabras más, palabras menos–, pero nadie la acusa. Ella argumenta que lo hizo antes de las 18:00 de ese día; pero entonces alguien deberá dictaminar en lo sucesivo cuál es la versión oficial que se puede repetir y hasta qué hora estará vigente para no caer en desgracia.
Otros ciudadanos están presos, asimismo, sin ninguna prueba, acusados de intento de golpe, de secuestro, de terrorismo o de asesinato solo para justificar de algún modo la conducta del Presidente de la República en aquella trágica ocasión. Es una cacería de brujas como hace muchos años no se había visto.
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